TAJADURA TEJADA, JAVIER
La finalidad de esta obra colectiva es proporcionar las claves para comprender el significado y alcance de la posición y las funciones constitucionales de la jefatura del Estado como institución necesaria en la arquitectura del Estado parlamentario. Desde esta óptica, se analizan doce ordenamientos constitucionales: las monarquías británica, holandesa, belga, sueca, noruega, danesa y española; y las repúblicas francesa, portuguesa, italiana, alemana y austriaca. Los estudios contenidos en esta obra nos muestran qué significa ser Jefe del Estado en un Estado parlamentario. Examinan la posición y las funciones de un monarca o presidente, que, desde su suprema magistratura, reina o preside el Estado sin gobernarlo. Y, de esta forma, muestran al lector el «contenido intelectual» de la institución. La jefatura del Estado parlamentario tiene unas funciones específicas (de integración y de moderación) que pueden revestir diferencias de regulación y a las que pueden sumarse otras potestades de indiscutible relevancia política. Es lógico, dadas las diversas vicisitudes históricas de cada Estado, que en cada uno de los ordenamientos estudiados en esta obra el diseño y la regulación de su jefatura presenten rasgos particulares; y que entre unos y otros haya diferencias profundas. Ahora bien, esto no impide reconocer un sustrato doctrinal e intelectual común a todos ellos. La institución se configura como la clave de bóveda del edificio constitucional parlamentario. Su mera existencia supone un formidable factor de estabilización política y un referente de la continuidad estatal en un contexto de aceleración histórica y de cambios constantes. Desde esta óptica, la jefatura del Estado es el necesario amarre o anclaje que toda nación necesita para no naufragar. Anclaje estabilizador que, en el turbulento mundo político que nos ha tocado vivir un mundo en el que la capacidad misma del Derecho para producir certeza, seguridad jurídica y, en definitiva, estabilidad, está en crisis, resulta fundamental para garantizar la continuidad de la democracia y la supervivencia de la libertad.
